El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha emitido una resolución ordenando al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) proporcionar información detallada y los resultados de las auditorías aplicadas a las subcuentas de vivienda de derechohabientes fallecidos.
La medida surge a raíz de una solicitud realizada al Infonavit por un particular interesado en conocer específicamente sobre los fondos de las subcuentas de vivienda de aquellos que han fallecido, incluyendo detalles sobre quiénes pueden reclamar estos fondos y cómo se manejan los recursos no reclamados.
Inicialmente, el Infonavit respondió con información estadística general, indicando que los montos de las subcuentas de los derechohabientes fallecidos se mantienen en el Fondo Nacional de la Vivienda hasta ser reclamados por los beneficiarios legales. Sin embargo, la respuesta fue considerada insuficiente por el solicitante, quien argumentó falta de desglose por estado y ausencia de detalles y resultados de las auditorías realizadas.
El Pleno del INAI, en una decisión unánime, determinó que el Infonavit no remitió la solicitud a su Contraloría General, omitió el desglose por estado y no proporcionó los detalles ni los resultados de las auditorías pertinentes. En consecuencia, modificó la respuesta inicial del Infonavit y ordenó realizar una nueva búsqueda en las áreas competentes, incluyendo la Contraloría General, para cumplir con la entrega de la información completa solicitada.
Norma Julieta del Río Venegas, Comisionada del INAI, destacó la relevancia de que la ciudadanía pueda acceder a esta información de impacto social, garantizando así el derecho a saber sobre los recursos del Infonavit que corresponden a los familiares de los derechohabientes fallecidos.
La resolución del INAI subraya que es fundamental para la transparencia y la rendición de cuentas que los fondos del Infonavit sean gestionados de manera clara y que los beneficiarios legales puedan reclamar lo que les corresponde, asegurando así la protección de sus derechos patrimoniales.
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