En México, un mercado multimillonario florece bajo el bisturí de la cirugía estética, pero detrás de su brillo, se ocultan realidades preocupantes: el surgimiento de un posible monopolio y una gran evasión de impuestos. Esta compleja situación se enmarca en un contexto de debate legislativo, impulsado por la propuesta de reforma a la Ley General de Salud del diputado Emmanuel Reyes Carmona. Su iniciativa pretende restringir la práctica de cirugías estéticas exclusivamente a especialistas certificados por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva A.C., lo que ha encendido las alarmas sobre un potencial monopolio en el sector.
La propuesta de Reyes Carmona, surgida en respuesta a incidentes trágicos como el caso de Sandy Aguilera, busca garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios. Sin embargo, esta medida podría centralizar de manera significativa el poder y la influencia económica en manos de una sola entidad, limitando la diversidad y la competencia en el ámbito de la cirugía estética.
Por otro lado, la cirugía estética en México enfrenta un desafío adicional: la evasión de impuestos. A pesar de ser un mercado en auge, con una demanda creciente tanto a nivel nacional como internacional, existe una falta de regulación fiscal adecuada. Esto no solo perjudica la economía del país, sino que también cuestiona la ética y la legalidad de las prácticas en este sector.
Casos de negligencia médica, incluso entre cirujanos certificados, han subrayado la necesidad de una supervisión más estricta y una reforma legal profunda. Aunque la certificación es un paso crucial, los recientes acontecimientos han demostrado que no es suficiente para garantizar la seguridad de los pacientes. Se requiere una revisión exhaustiva de los criterios y procesos de certificación, junto con un marco legal más robusto que regule no solo la práctica de la cirugía estética, sino también su aspecto fiscal.
En conclusión, la cirugía estética en México se encuentra en una encrucijada. Por un lado, existe la oportunidad de elevar los estándares de calidad y seguridad para los pacientes. Por otro, se enfrenta al riesgo de caer en prácticas monopólicas y evasión fiscal. Es esencial que las autoridades, los profesionales médicos y la sociedad trabajen conjuntamente para encontrar un equilibrio que beneficie tanto a los pacientes como al desarrollo ético y económico del sector.
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